La sentencia (unánime) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que absuelve a Dani Alves del delito de violación evidencia cómo los jueces que lo condenaron a prisión en primera instancia soslayaron el principio de presunción de inocencia. La denunciante mintió en aquello que pudo cotejarse mediante pruebas objetivas (huellas, análisis biológicos y cámaras). Pese a ello, en un acto de fe más propio del populismo feminista, la Audiencia Provincial de Barcelona dio por "creíble" su versión en aquellos aspectos que no se podían contrastar.
El TSJC ha aplicado "el derecho penal civilizado", como señalaba Tsevan Rabtan en estas páginas: el principio in dubio pro reo es "el paréntesis que divide al mundo entre la turba y la razón".
Y cómo no, salió la turba. La encabezó Irene Montero: igual que oculta las denuncias de abusos sexuales en Podemos, obvia que ese fallo de la "justicia patriarcal" lo dictaron cuatro mujeres (tres de ellas, de acrisoladas virtudes progresistas) y un hombre. Siguió su sucesora en el Ministerio de Igualdad, la penosa Ana Redondo, y remató María Jesús Montero, una vicepresidenta que tacha de "vergüenza" que la presunción de inocencia esté por delante del testimonio de las mujeres.
Es monstruoso y hay que decirlo: en España hay cargos públicos que hacen apología de la violación de los derechos humanos (la presunción de inocencia es un pilar en los códigos internacionales y en nuestra Constitución). Prefieren que haya inocentes en la cárcel con tal de convertir en dogma la falacia de que la mujer nunca miente. El siguiente paso será proponer que se prescinda de las pruebas en un juicio. O incluso del propio juicio: que los jueces sean sustituidos por feministas encapuchadas que rubriquen la condena sin más preámbulos. Para no hacer perder el tiempo, como diría Pilar Alegría. Bienvenidos al totalitarismo.
Este país necesita recuperar el aseo intelectual. Combatir la violencia machista no puede llevar a nuevos abusos. La Ley de Violencia de Género y engendros sucesivos, como el sólo sí es sí, han quebrado la igualdad ante la ley y abierto la puerta a la indefensión. Si a eso le añadimos la fiebre exculpatoria con Puigdemont y sus golpistas, los condenados de los ERE o ahora Laura Borràs, nos queda el brillante legado judicial del sanchismo: hombres culpables, políticos impunes.